El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, presentó el Informe Especial de Riesgo: “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos” donde se evidencia que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 01 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.

Las víctimas son líderes sociales y defensores de derechos humanos de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Según Negret Mosquera, “una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Farc,  para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia”. Así mismo, ha encontrado que la estigmatización contra este grupo poblacional es un factor que aumenta el riesgo al que se encuentran expuestos.

La información de la Defensoría revela que estos homicidios, atentados contra la vida e integridad personal y amenazas, se dirigen contra un grupo que comparte características semejantes. A su vez, estas violaciones se han presentado en la misma zona geográfica y espacio temporal. Son cuatro elementos que le permiten concluir a la Entidad las condiciones de generalidad.

El Defensor del Pueblo hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a tomar acciones urgentes para blindar moralmente y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales. Urge aumentar los esfuerzos investigativos para esclarecer los móviles y los responsables de estos hechos, así como los mecanismos de protección individual y colectivos para prevenir eventuales ataques. Además, la Defensoría ante la insuficiente financiación que ha puesto de presente al Gobierno nacional, advierte del riesgo que corre la consolidación del componente de paz a su cargo.

Este Informe fue construido con base en la verificación en terreno por parte alrededor de 200 funcionarios de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y presentado ante un grupo de víctimas y líderes sociales de los Montes de María y Córdoba, reunidos en la vereda La Pava, municipio Mahates, Bolívar. Según el Defensor, se trató de un acto de reconocimiento y visibilización de su labor de reivindicación de los derechos fundamentales.